LA ESTRATEGIA MACRISTA DE “EVALUACIÓN DOCENTE” PARA FLEXIBILIZAR EL SALARIO

En su discurso del 1º de marzo en la Legislatura, Macri anunció que constituirá una “Agencia de Evaluación de la Calidad Educativa”. Este anuncio complementa las expresiones del ministro de educación, Esteban Bullrich, que desde fines del año pasado viene instalando la idea de “atar salarios a evaluación y capacitación docente”. Se evidencia, así, que la “evaluación educativa” que promueve el macrismo es, en realidad, una política de flexibilización del salario, en el marco de una propuesta privatizadora. La gestión macrista, que ha profundizado la precarización laboral en la educación pública porteña, se dispone ahora a avanzar sobre el salario docente aplicando una variante del trabajo a destajo a través de propuestas de evaluación individual del desempeño.

Un antiguo proyecto del PRO

Esta es una antigua aspiración del partido de gobierno, que tiene un antecedente directo en el Proyecto de Ley Federal de Educación que Esteban Bullrich presentó en 2006 cuando era diputado nacional por el PRO[1]. Allí se establecía que los docentes tendrían derecho a “percibir una remuneración justa por sus tareas y capacitación, que no podrá ser menor al salario mínimo, vital y móvil y a otros conceptos, y que podrá incrementarse por la consecución de los objetivos educativos que establezcan los reglamentos de cada unidad escolar” (Art. 48, inciso d). Se postulaba, a la vez, la creación de incentivos salariales y fondos para la capacitación docente financiables por el sector privado y administrados por las unidades escolares que crearían su propio “reglamento de incentivo” (Art. 43). De este modo se pretendía “atar” una parte del salario docente al “cumplimiento de objetivos”, sujetando “la educación a metas exigentes: estándares curriculares demandantes, indicadores representativos y exámenes externos”, incluyendo la evaluación externa y la participación del país en “competencias educativas internacionales” (Arts. 51, 52 y 53).

Aquel Proyecto pretendía establecer un salario compuesto por una parte fija “no menor” al “mínimo, vital y móvil”, y por otra parte variable, proporcional a ciertos “rendimientos” evaluados en base a “estándares”, financiable con aportes del sector privado. Se trata de una pauta salarial taylorista que entra en flagrante contradicción con el Estatuto Docente de la Ciudad de Buenos Aires, con las leyes laborales vigentes y con la lucha de los trabajadores por la unificación y blanqueo, en el salario básico, de todos los rubros que componen el salario mínimo.

Lo mismo que en el discurso de Macri en la Legislatura, esas políticas de “evaluación” requieren de una “agencia”. En su Título IX, Capítulo II, el proyecto de Bullrich creaba una “Auditoría Federal de Evaluación Educativa”, “órgano de auditoría externa” a cargo de verificar “el nivel de aprendizaje de los alumnos, y la calidad de la formación docente”.

Regimentación del trabajo docente y flexibilización salarial

Estas iniciativas se basan en el supuesto de la responsabilización individual de los trabajadores de la educación por la calidad y hasta por el sostenimiento de la educación pública, la misma idea que, de manera más bestial y sin tecnicismo alguno, expresó el funcionario Carlos Pirovano en su defensa del sistema de vouchers.

Debe quedar completamente claro que Macri y Bullrich no están hablando de la “calidad” ni de la “mejora” de la enseñanza sino de la regimentación del trabajo docente, cargando sobre los trabajadores individualizados toda la responsabilidad sobre los “resultados” de la enseñanza y, en consecuencia, flexibilizando el salario en función de una cierta “productividad” individual.

La contrapartida de este régimen de trabajo es simplemente la des-responsabilización del Estado en el sostenimiento de una política pública-estatal. Responsabilizar individualmente al docente justificaría, por ejemplo, la desinversión educativa pública, eludir el aseguramiento de las condiciones materiales e institucionales de la enseñanza, etc. De conjunto, el macrismo hace un uso ideológico de las nociones de “autonomía escolar” y de “vínculo con la comunidad” para justificar una política de privatización y de descarga de las responsabilidades del Estado en unidades individuales - el establecimiento educativo, el docente, el alumno, etc. -, transfiriendo a las escuelas y a los docentes las responsabilidades de financiamiento y promoviendo la intervención del sector privado en la vida de las instituciones educativas, y la búsqueda de “competitividad” según estándares de “calidad” y de eficiencia en el gasto.

Tal política tiene, como condición necesaria, la limitación de la acción reivindicativa de los trabajadores de la educación. En los Fundamentos de aquel Proyecto de Ley, Bullrich exigía a los docentes “el deber ineludible (…) de comprometerse a que el ejercicio de su profesión sólo puede interrumpirse en casos excepcionales de fuerza mayor: los alumnos no pueden ser rehenes de demandas sindicales, ni se debe ocultar la realidad de la pérdida de días de clase bajo el pretexto de promociones escolares generales”. En el Art. 49 inciso (f) fijaba, como uno de los “deberes” de los docentes, la autolimitación del derecho de huelga.

Un laboratorio de la “evaluación docente” macrista: el Programa Mi Mejor Clase

Los primeros experimentos del Ministerio de Educación en materia de evaluación docente han echado mano a modelos y técnicas claramente sustentadas en estos principios y orientaciones políticas. Tal ha sido el caso del Programa Mi Mejor Clase, organizado por la Dirección General de Planeamiento Educativo y ejecutado durante 2010 con docentes de 6º grado de Primaria y de 3º año de Secundaria. Dicho Programa establece la evaluación del desempeño en base a una programación de una clase de un docente. Un jurado evalúa y califica al docente individualizado y su programación, haciendo completa abstracción de las condiciones pedagógicas e institucionales de la escuela en la que se imparte la clase, las planificaciones de medio y largo plazo y su inscripción en procesos de construcción colectiva institucional, las interacciones e intervenciones de alumnos y docentes, las condiciones de trabajo (por ejemplo: ignorando la carga total de trabajo del docente cuya programación se evalúa), etc.

Durante 2010 la participación de docentes en el Programa fue voluntaria. Pero altos funcionarios del Ministerio conducido por Bullrich ya han anunciado que la propuesta metodológica de este Programa se constituirá en el instrumento para la evaluación del desempeño docente en la Ciudad de Buenos Aires, mencionando a la vez un posible impacto sobre el salario a partir de 2012 o la obligación de tomar capacitación. La “evaluación docente” del macrismo pasaría, así, de su fase experimental a su aplicación generalizada como política de Estado.

“Evaluar” responsabilidades y cumplimientos

Quienes efectivamente estamos comprometidos con lo público, con la enseñanza y su mejora, entendemos necesario exigir que el Estado cumpla con sus obligaciones en relación con la inversión en la escuela pública y el sostenimiento del derecho de todos al acceso a la educación, garantizando las condiciones de materialización de los procesos de enseñanza y aprendizaje tanto como las condiciones de trabajo docente. No es visible este cumplimiento por parte de la gestión macrista, que desde sus inicios ha subejecutado el presupuesto educativo, provocando sucesivas crisis en el sistema y poniendo de manifiesto a cada paso su escasa voluntad de solucionarlas.

Estas iniciativas del macrismo actualizan la necesidad de continuar la lucha: por la completa recomposición del salario, incorporando al básico todas las sumas “ad hoc” con las que se “dibuja” el salario mínimo; contra todo intento de flexibilizar los salarios incorporando sumas variables, premios y castigos “según desempeño”; y por la estabilidad laboral de todos los trabajadores precarizados del Ministerio - interinos, contratados de planta transitoria docente y por locación de servicios u obra - que sólo la titularización garantiza.

NO a la evaluación privatista, SI a la escuela pública, laica y gratuita.