La misma gestión que ha profundizado la precarización laboral mediante el uso indiscriminado de contratos fraudulentos de locación de servicios u obra (el típico “negreo”); que ha fracturado y precarizado el Estatuto Docente legalizando el “ministerio paralelo” mediante el Área de “Programas Socioeducativos”, que viola el Estatuto Docente ignorando áreas constituidas como la de Servicios Profesionales y manteniendo en la precariedad eterna a centenares de interinos y de trabajadores de planta transitoriadocente, se dispone ahora a profundizar la precarización del salario docente aplicando una variante del trabajo a destajo a través de propuestas de evaluación individual del desempeño docente.
En su discurso del 1º de marzo en la Legislatura, Macri transparentó su decisión de constituir una “Agencia de Evaluación de la Calidad Educativa”. Esta expresión del jefe de gobierno remata las de su ministro de educación, Esteban Bullrich, que desde fines del año pasado viene instalando la idea de “atar salarios a evaluación y capacitación docente”. La noción de “evaluación educativa” que maneja el macrismo queda, de esta manera, completamente expuesta: se trata, llanamente, de una política de regulación del salario mediante mecanismos que produzcan su flexibilización, en el marco de una propuesta privatizadora.